En Latacunga no existe ordenanza que norme la tala de árboles en propiedades privadas de la urbe
LATACUNGA URBANA (I) | El desprendimiento de un árbol del parque San Francisco de Latacunga, que causó la muerte de un policía municipal, el 8 de diciembre de 2017, evidenció que este riesgo está latente también en las propiedades privadas de la urbe. Pero en estos casos la prevención se dificulta por la ausencia de una ordenanza municipal que regule la tala en la ciudad, debido a la transferencia de esas competencias desde el Estado central hacia el gobierno local.
Por: Redacción www.Cotopaxinoticias.com (I)
Latacunga (Cotopaxi). Los 23 árboles de ciprés y sobre todo el de eucalipto (el más grande), de la propiedad de Edward Jiménez, amenazan con desplomarse sobre las casas vecinas. Están ubicados en una parte alta del barrio San Sebastián, en la calle Josefa Calixto 308 y Félix Valencia.
Sus raíces están desprendiéndose del suelo. El eucalipto es del que más se desprenden las ramas. Este jueves, 21 de diciembre, cayeron dos. “Cada rama es como un árbol pequeño”, comentó preocupada Marianela Claudio, familiar de Jiménez.
El propietario aduce que hace dos años empezó el trámite en la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente (MAE) de Cotopaxi para que le autoricen la tala, pero que esa institución demoró la respuesta y que en noviembre de este año le comunicaron que la competencia pasó al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Según Claudio, se dirigieron enseguida al MAG, pero allí les informaron que ahora la competencia la tiene el Municipio. Y agregó que al llegar a la Dirección Municipal de Ambiente le indicaron que no le pueden otorgar el permiso para que tumbe los árboles, porque aún no existe una normativa que regule esa actividad en propiedades privadas de la ciudad.
Luis Cevallos, funcionario del MAE Cotopaxi, aseveró este jueves que los moradores denunciaron hace dos años a Jiménez por el riesgo de que se caigan los árboles, pero que cuando esa institución tenía la competencia para autorizar la tala, el propietario se negó a tumbarlos. Claudio asegura que no es cierto, pero reconoce que esa entidad demandó a su familiar para que corte los árboles.
La directora municipal del Ambiente, Natalia Ayala, confirmó la semana anterior a Cotopaxi Noticias que aún no existe la ordenanza. “Estamos elaborándola, y cuando esté lista podemos dar la entrevista”, manifestó.
Marianela Claudio está preocupada por el mal estado de los árboles y pide que se les conceda un permiso emergente para talarlos, hasta que el Municipio cuente con la ordenanza respectiva. “Si se caen, las desgracias pueden ser fatales, puede haber una mortandad”, comentó.
¿Hay salidas emergentes, hasta que se cuente con una ordenanza?
Las competencias del MAE respecto al aprovechamiento forestal, tala de árboles y conservación de los árboles patrimoniales empezaron a transferirse.
Hasta antes del 2016, ese ministerio se quedó a cargo de controlar las especies nativas y los árboles urbanos y transfirió las competencias al MAG sobre las especies exóticas, como el ciprés, el pino y el eucalipto, entre otras.
En febrero de 2016, el MAE expidió los acuerdos ministeriales 018 y 056 mediante los cuales transfiere a los municipios la competencia sobre los árboles de los espacios públicos y de las propiedades privadas de las urbes.
Cotopaxi Noticias consultó este jueves a expertos, a un activista ciudadano, a exfuncionarios y a autoridades sobre las posibles salidas a casos como el de Edward Jiménez. Algunos pidieron que sus nombres se mantengan en reserva.
Aplicar la norma de la institución que tenía antes la competencia, hasta que el Municipio cuente con la suya; aplicar la figura legal del “silencio administrativo”; o presentar el pedido de una acción de protección ante un juez, son las opciones, según los entrevistados.
A criterio de un técnico ambiental de la Prefectura de Cotopaxi, se debería autorizar la tala con base en la normativa que utilizaba la anterior institución competente, es decir, el MAE. Aseguró que la jerarquización de las leyes, aplicando la ley superior, lo permite.
Alertó que de comprobarse el peligro eminente de que los árboles de desplomen, los funcionarios que nieguen el permiso podrían ser severamente sancionados, incluso con la destitución del cargo. Para ello explicó que la Constitución establece que el servicio público debe ser eficiente y oportuno.
Sin embargo, el funcionario del MAE Luis Cevallos, sostiene que la competencia pasó al Municipio y que su institución ya no puede otorgar el permiso. Sin embargo, aseguró que hace unas semanas su Dirección Provincial consultó a la matriz del Ministerio, en Quito, y que se autorizó que se tumbe un árbol en el parque Martha Bucaram de Roldós, pese a que la competencia ya era municipal (el alcalde Patricio Sánchez había denunciado que el árbol se cayó solo, porque el MAE no concedió el permiso).
La directora provincial del Ministerio del Ambiente, Daniela Culqui, dijo que está preocupada por el tema, pero que al parecer el predio donde están los árboles de Jiménez tiene algún problema de propiedad y que uno de los requisitos es presentar la escritura.
Paúl Maldonado, jefe de relaciones comunitarias de una empresa forestal de la provincia, coincide en que se debería permitir la tala con base en la normativa de la anterior institución competente, pero cree que es el MAG el que podría extender el permiso, por ser el encargado de controlar las especies exóticas.
Ante esta posibilidad, el director provincial del MAG, Manuel Chango, respondió que las competencias de su institución en este tema, abarcan solo al sector rural. “Si actuamos en el sector urbano estaríamos arrogándonos competencias que no nos corresponden y la ley no lo permite”, explicó. La posible salida emergente “es una resolución que debe analizar el Jurídico del Municipio”, acotó. Cevallos también sostiene que no es potestad del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Un exdirector provincial del MAE, considera que el Municipio tendría la facultad legal de enviar a inspeccionar la propiedad, verificar el riesgo y emitir un permiso de emergencia para que se tumbe los árboles, hasta que se elabore la ordenanza.
Alberto Salvador, activista del colectivo ciudadano Foro Latacunga, dio otra alternativa: demandar ante un juez una acción de protección, para que el magistrado envíe a inspeccionar la propiedad, verifique el riesgo y ordene la tala a la institución que considere competente.
Es decir, el juez que resuelva la acción de protección definiría qué institución tiene actualmente la competencia para autorizar la tala, ante la ausencia de la ordenanza. “Para ello el demandante debe definir claramente qué derecho ciudadano se ha vulnerado”, precisó.
Además, resaltó que la demanda también podrían presentarla los vecinos que se sientan amenazados por el peligro de los árboles en mal estado. “No se necesita un abogado”, para presentar el pedido de amparo de protección.
Paúl Maldonado coincide con la opción que plantea Salvador, como otra alternativa. “Es totalmente válida”, dijo.
Pero también, Maldonado plantea que Jiménez podría apelar a la figura de silencio administrativo. Explicó que aquello rige, según la ley, si una institución no responde a un pedido en 15 días.
Desde su cuenta de Twitter, la exdirectora provincial del MAE, exsubsecretaria nacional de Agricultura y actual asambleísta provincial, Ana Belén Marín, señaló que la responsabilidad es del MAE.
Responsbailidad de @Ambiente_Ec
— Ana Belén Marín (@anitabelenmarin) 22 de diciembre de 2017
¿Por qué ha demorado la ordenanza?
El técnico ambiental de la Prefectura de Cotopaxi cuestiona que el Municipio no cuente aún con la ordenanza, tomando en cuenta que las competencias se transfirieron en febrero de 2016, hace casi dos años. Explicó que el Consejo Nacional de Competencias (CNC) establece plazos para que se la asuma.
Él, Salvador y Maldonado coincidieron en que por último la ordenanza municipal podría contener las mismas normas que las aplicaban las anteriores instituciones competentes.
Pero Maldonado destacó que no se trata solamente de redactar un documento, sino de que el Municipio esté debida y realmente preparado para asumir esas competencias. “No creo que sea por falta de voluntad”, comentó.
Maldonado explicó que el manejo del tema forestal es complejo y que para ello el Municipio necesita infraestructura, recursos económicos, vehículos para el control e incorporar técnicos y personal especializado, entre otros requerimientos. Y que también se debe hacer cálculos matemáticos sobre el volumen de los árboles y establecer procedimientos para la movilización de la madera, entre otros aspectos.