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11 ?> Ene 2018
Horizonte

Educación reabre y judicializa 256 casos de agresiones sexuales a niños; 107 maestros despedidos

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ECUADOR (I) | Con la no caducidad de los delitos sexuales en contra de niños y adolescentes planteada en la pregunta 4 para la consulta popular de febrero, se evitará, por ejemplo, que la negligencia u omisión de algunos funcionarios del sistema educativo dejen sin sanciones a los agresores. Así lo considera el ministro de Educación, Fander Falconí, quien el martes de esta semana (9 de enero de 2018) estuvo en Latacunga. Llegó para presentar uno de sus libros y aprovechó para expresar su apoyo a favor del sí en las siete preguntas del plebiscito convocado por el presidente Lenín Moreno.

Gracias Por: Redacción www.Cotopaxinoticias.com (I)

Latacunga (Cotopaxi). Falconí informó que desde el 25 de mayo en que asumió el cargo, el Ministerio ha levantado información sobre 919 causas de agresiones sexuales contra niños ocurridas entre los años 2014 y 2017. Alrededor del 63% de esos abusos se cometieron dentro del sistema educativo, por parte de docentes, y el 37% fuera de ese espacio, por familiares u otras personas.

De ese 63% de causas, el Ministerio ha reabierto 252 sumarios (investigaciones) administrativos que se habían cerrado al interior de los planteles por negligencia u omisión de funcionarios y que no habían sido denunciados ante la Fiscalía.

Desde diciembre hasta el martes, el Ministerio había presentado en la Fiscalía 181 casos y este jueves, 11 de enero, el Ministro presentó 75 más, en una cuarta entrega.

Mientras la justicia investiga penalmente a los denunciados, el Ministerio los investiga administrativamente y esas investigaciones administrativas han conllevado a que 107 maestros denunciados hayan sido ya separados del sistema educativo, según se reveló este jueves desde Quito.

Los separados ahora tendrán que esperar -al igual que el resto de denunciados- los resultados del proceso judicial Falconí recordó que el Código Orgánico Integral Penal (COIP) castiga los delitos sexuales con penas de hasta 25 años de prisión.

El Ministro anunció que ha dispuesto que todo funcionario de un plantel educativo o de una dependencia del Ministerio, que reciba una denuncia de agresión sexual, la denuncie a su vez inmediatamente ante la Fiscalía y enseguida también empiece el proceso para el sumario administrativo que permita separar al docente -si se evidenciara su infracción- como prevención mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Detalló que aquello no se cumplía y que, al contrario, los expedientes eran revisados primero por ellos y que luego los archivaban. Señaló que aquello puede ser considerado como encubrimiento y que esas negligencias u omisiones tienen nombres y apellidos. “No puede haber negligencias sin negligentes (…) Por eso hemos reabierto esos casos”, comentó.

Este jueves el Ministro precisó que existen tres tipos de sanciones que se pueden dar dentro del proceso administrativo: 10% del sueldo, suspensión del cargo de 70 a 90 días y la remoción del docente de ser el caso.

Falconí dijo el martes que hay casos de agresiones sexuales en todo el país y que es posible que se destapen más a medida que los padres de familia vean las acciones que toma el Ministerio.

“Estamos dando señales claras, estos casos no pueden quedar impunes, tiene que haber sanciones y además restituciones de los afectados al sistema educativo, acompañamiento psicológico a ellos y a sus familiares, medidas de prevención y transparencia en la información pública”, anunció.

Precisamente, este jueves se firmó en Quito un acuerdo interministerial para la reparación integral a las víctimas entre los ministerios de Educación, Justicia, MIES, Fiscalía y otras instituciones. En semanas anteriores también se firmó cinco convenios con las Naciones Unidas a fin de unificar las investigaciones y evitar la revictimización de las niñas, de los niños y adolescentes afectados.

En el evento, Falconí solicitó un incremento de presupuesto ministerial en un 16%. Ese aumento estará orientado a la protección de derechos estudiantiles y al personal de los departamentos de consejería estudiantil (DECE) y puestos directivos. Actualmente, solo el 57% de planteles educativos fiscales del país cuentan con DECE.

También se anunció que se cambiará 5.900 plazas de funcionarios de Educación incluidos rectores, que no cumplen con los perfiles adecuados para sus cargos.

El martes, el Ministro reconoció que “no había información sistematizada en el Ministerio sobre los delitos sexuales” y que todo el diagnóstico lo levantó esa propia institución desde que él asumió el cargo.

Además, “hemos activado los protocolos, se ha agilizado los protocolos y hemos adoptado la estrategia permanente ‘Más unidos, más protegidos’, una campaña permanente de prevención con piezas comunicacionales alrededor de la protección de derechos y acciones que hemos llevado a cabo con la sociedad, con los padres de familia”, manifestó.

Ante la observación de la comisión Aampetra (que creó la Asamblea Nacional para investigar estos casos) de que las agresiones sexuales eran más difícil de evidenciarse en los planteles privados, el Ministro indicó que las nuevas acciones (pruebas psicométricas a los docentes, transparencia en la información pública y procesos para agilización de acciones) se aplicarán por igual en el sector fiscal y en el particular.

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