Miércoles, agosto 23, 2017
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Cuatro redes de extorsión fueron descubiertas en 10 cárceles

COTOPAXI (I) | Las amenazas llegaron cinco días después de que ingresó a la cárcel. “Estás prendado”, le dijeron a Luis, un interno del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga. El hombre, de 35 años, llegó a ese lugar en noviembre del 2016. Al principio no entendía lo que significaba esa palabra, luego le explicaron que así les dicen a quienes deben pagar una cuota semanal o mensual a otros internos para estar seguros.

Por: Fernando Medina

Tomado de Diario EL COMERCIO (I)

Quito (Pichincha). En su caso le dijeron que debía cancelar USD 80 cada mes. “Si no cumplen con eso golpean, hostigan, violan o incluso matan”, dice Aurora, esposa de Luis. La mujer aceptó hablar con este Diario, pero con la condición de que sus nombres reales no fueran publicados. Tiene miedo y por eso el 18 de casa mes deposita el dinero en una cuenta que le dieron. Según la mujer, no son los únicos que pagan. Su esposo le ha contado que al menos 15 compañeros más son extorsionados por otros internos.

La Defensoría Pública también conoce de esta problemática. Ernesto Pazmiño es el titular de esa entidad y dice que son redes de extorsión que operan en las cárceles.

Aunque la Defensoría no recibe denuncias formales de estos hechos, los defensores que trabajan dentro de las cárceles han informado esta situación. Según Pazmiño, esto sucede con mayor frecuencia en los centros más grandes del país, como el de Latacunga, la expenitenciaría de Guayaquil y el Turi en Cuenca. Hace un mes, los agentes detectaron que desde este último centro operaba el cabecilla de un grupo.

La Policía detectó que él tenía nexos con internos de otros 10 centros carcelarios, para perpetrar las extorsiones.

La Unase, unidad policial especializada en este delito, indagó ese caso y reveló que al menos 72 privados de libertad exigían a los familiares de otros internos que les paguen hasta USD 800 semanales o mensuales a cambio de no agredirlos dentro de las celdas.

En un comunicado, el Ministerio de Justicia señaló que su personal investigó estos hechos y que a los internos involucrados se les envió a otros centros, en donde los monitorean constantemente.

Entre enero del 2016 y marzo del 2017 se han desarticulado al menos cuatro redes.

Además se siguieron procesos penales por el delito de extorsión que está estipulado en el art. 185 del Código Penal.

La norma establece penas entre cinco y siete años para quienes “obliguen con violencia o intimidación” realizar actos que afecten al patrimonio de otra persona. Pero las penas aumentan hasta siete años si el delito se comete en una cárcel.

Agentes de la Unase conversaron con este Diario y revelaron que las principales víctimas son los internos nuevos. Cuentan que “les quitan los zapatos, los utensilios de aseo, no les dejan dormir y cuando van al baño les amenazan”.

Las investigaciones también advierten que los sospechosos hacen un estudio de la situación económica de los detenidos, buscan si tienen bienes o negocios. En base a eso fijan las cuotas. Luego les piden los teléfonos de los familiares y les llaman para intimidarles.

Así fue como fue amenazada una mujer que vive en Quito. Su abogado Patricio Armijos le recomendó que denuncie, pero se negó por miedo a que le pase algo a su esposo que está en una cárcel. El jurista dice que en el último año, al menos 20 de sus clientes han sido extorsionados. Ninguno denunció, pese a que les han pedido hasta USD 5 000.

Gonzalo Realpe, otro jurista, también señala que sus clientes han sido intimidados.

El último caso que tuvo fue hace tres meses en Guayaquil. Los sospechosos enviaban a otros miembros de la red, que estaban libres, a los pequeños negocios que tienen las familias de los internos, para exigirles los pagos y amenazarles.

En junio del 2016, en la expenitenciaría de Guayaquil se detectó que dos internos lideraban una red. Ellos tenían contacto con gente de afuera, quienes se encargaban de amedrentar a los familiares de las víctimas. La misma modalidad usaban otros tres internos de la misma cárcel. Ellos fueron desarticulados en octubre.

En el último año la Policía detuvo a 51 personas que cooperaban con las redes.

Durante el último operativo, la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, señaló que existe personal de las cárceles involucrado e indicó que encontraron dinero en las cuentas de guías. Esos montos serían por las extorsiones. Por eso fueron separados de sus cargos.

Foto: En octubre, los agentes desarticularon una red de extorsión que operaba en la expenitenciaría de Guayaquil / Ministerio de Justicia

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