Martes, diciembre 12, 2017
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Una jaula hecha de silencio

SUR DE QUITO (O) | El profesor que abusó de 41 niños y niñas en la escuela AAMPETRA no tenía título universitario ni experiencia docente. La institución busca incumplir las medidas de reparación simbólica y tuvo otros procesos administrativos impuestos por el Ministerio de Educación.

Por: Cristina Arboleda P. e Isabel González R.

Tomado de SentimosDiverso.org (O)

José Luis Negrete ingresó a la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (AAMPETRA), como un reemplazo temporal. Tenía 22 años y era bachiller en comercio. Su escasa experiencia en una empresa de sanitarios y en una zapatería no lo acreditaban para ejercer la docencia. Aún así, fue el profesor principal de Sexto C durante todo el año lectivo 2010.

La maldad de Negrete le alcanzó para mantenerse como docente del grupo durante 2011. Amenazó a sus estudiantes con agredir a otros alumnos si no conseguían que él siguiera a cargo del grupo. Los niños y niñas sintieron que no tenían opción. Para evitar que a otros les suceda lo mismo que a ellos, convencieron a sus padres de firmar una carta dirigida a la escuela.

Negrete manipuló a los 41 estudiantes como a uno solo. A diferencia de lo que sucedió en AAMPETRA, la mayoría de agresores escogen una víctima a la vez. La eligen por su fragilidad y abusan de ella de forma oculta, explica la psicóloga Pilar Chiriboga, Directora del Departamento de Criminología de la Universidad Central.

En los centros educativos, los delitos sexuales son cometidos casi siempre por profesores. Según Ariadna Reyes, asesora en género de la Fiscalía, en ocasiones los perpetradores también son conserjes, conductores y adolescentes varones contra niños menores. La violencia sexual se asienta sobre las diferencias de poder: el fuerte contra el débil, el mayor contra el menor, el que tiene autoridad contra el que debe obedecer.

Negrete amedrentaba a los 41 alumnos repitiendo que si hablaban, nadie les iba a creer. Y fue así. Las autoridades de AAMPETRA negaron que los hechos hubieran ocurrido en la escuela y desestimaron las denuncias de los padres. Uno de ellos trae a la memoria el momento en el que el rector Luis Naranjo Paredes cerró la puerta de su oficina y le dijo: “Tengo cosas más importantes que hacer”.

La actitud del rector fue una de las razones para que la fiscal especialista en género, Mayra Soria, solicitara al tribunal las medidas de reparación integral: “Busco que queden hitos, que cada vez que alguien vea la placa conmemorativa en AAMPETRA esté alerta para que estos abusos no vuelvan a ocurrir”. Ella llevó el caso por los 41 afectados, a pesar de que algunos padres no denunciaron.

La violencia sexual sigue siendo un delito oculto en el sistema educativo. En las instituciones privadas es aún más difícil de dimensionar. No existen cifras. Tampoco una política pública ni una institución que haga seguimiento y las regule.

Al igual que José Luis Negrete, el profesor de natación acusado de violar a un niño en el Colegio La Condamine no tiene título profesional registrado. Jorge Fabara, coordinador jurídico del Ministerio de Educación (MinEduc), señala que la cualificación todavía es una deuda. “En Ecuador, hay 1.800 profesores de colegios fiscales con título de bachiller”. Aclara que para obtener nombramiento en estas instituciones, los aspirantes deben poseer título universitario, aprobar exámenes psicométricos, de aptitud y conocimientos, entre otros requisitos.

La situación en los centros educativos privados es incierta. No en vano, la sentencia en contra de Negrete atribuye al Estado la responsabilidad de establecer políticas públicas para conminar a las instituciones privadas a mejorar los criterios de selección de personal docente y administrativo.

Esfuerzos insuficientes

Callar frente a la violencia sexual es un lugar común, útil para las instituciones y doloroso para quienes la sufren. Además de los abusos, las víctimas enfrentan la duda y el descrédito. El rector de AAMPETRA ha tratado de que no se vincule a la escuela con los delitos cometidos contra 41 estudiantes, a pesar de que ocurrieron en una de las aulas de la institución que dirige.

Cuando los padres de familia advirtieron a AAMPETRA que algo sucedía con sus hijos, en lugar de indagar, la psicóloga de la escuela reunió a los alumnos con el profesor y les preguntó qué ocurría. Frente a él, todos callaron. Chiriboga, perito encargada de evaluar psicológicamente a las personas afectadas y a los agresores, afirma que “ningún niño miente” y que para actuar frente a la violencia sexual, lo primero es creerle a la víctima.

Algunas familias afectadas recuerdan que tampoco recibieron apoyo de las autoridades. Primero les pidieron pruebas; después les ofrecieron becas a cambio de mantener el asunto en secreto. Silenciar es esconder.

Francisco Bonilla, director de Acceso a la Justicia del Consejo de la Judicatura, asegura que la intención de ocultar la violencia sexual es común y conlleva una actitud de solidaridad con el agresor. Soria, fiscal encargada de llevar el caso AAMPETRA, ha comprobado que docentes, autoridades y hasta padres de familia, se ponen en contra de los estudiantes en la mayoría de casos. El fiscal Eduardo Estrella, añade que suelen utilizarse certificados de honorabilidad en favor del agresor y declaraciones para deslegitimar a la víctima.

Para romper con el espíritu de cuerpo y lograr que los casos llegaran hasta el sistema de justicia, el MinEduc, el Consejo de la Judicatura y la Fiscalía General del Estado suscribieron un convenio interinstitucional en 2012. Hasta ese momento, la denuncia era opcional. Ahora, todas las autoridades de los centros educativos tienen prohibida la mediación y deben denunciar penalmente cualquier delito sexual identificado o cometido en estos espacios.

Los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE) también se crearon en 2012 para prevenir, detectar y atender riesgos en todas las instituciones educativas. Según cifras del Ministerio de Educación, hasta 2016 se implementaron en 1.768 unidades educativas fiscales, pero no hay datos del sector privado. Otra herramienta para atender posibles casos de abuso y violación son los Protocolos de actuación frente a las situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema educativo, obligatorios para todos los establecimientos.

Pero los avances en leyes y políticas públicas pierden sentido cuando las escuelas y colegios ocultan la violencia sexual. Reyes considera que la coordinación entre instituciones sí ha permitido disminuir en algo el encubrimiento, aunque reconoce que es un proceso lento y todavía insuficiente. Por ejemplo, en 2015, la Fiscalía registró 152 hechos de violencia sexual que ocurrieron en centros educativos y 112 que fueron detectados en estos espacios. Solo 24 denuncias fueron realizadas por autoridades.

Una lista de incumplimientos

Cuando hay violencia, las escuelas dejan de ser lugares para aprender. Según el estudio de Unicef, World Vision y el MinEduc, en Ecuador tres de cada cinco estudiantes entre 11 y 18 años fueron víctimas de un acto violento en 2015. Una búsqueda rápida en YouTube muestra la situación en AAMPETRA: al menos seis videos registran golpes y peleas entre alumnos. Una exprofesora dice además que en esta “cárcel de cemento”, los insultos y castigos físicos son comunes, al igual que el trato autoritario.

Otra irregularidad en esta escuela del sur de Quito son las condiciones laborales de los docentes. En 2013, recibían menos del salario básico. Y en 2017, a través del blog de tareas, una profesora insiste en que los padres cancelen a tiempo las pensiones para poder cobrar su sueldo. Incluso ofrece subir un punto en participación a los “cadetes” que están al día.

Además, AAMPETRA ha incumplido la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). Algunos documentos del MinEduc, disponibles en Internet, revelan que esta escuela fue sancionada en 2011 con el pago de 30 remuneraciones básicas unificadas por la falta de sustento pedagógico, de instrumentos de evaluación docente y de indicadores estadísticos sobre los estudiantes, entre otras razones. Además, los planos de la institución no estaban aprobados por el Municipio de Quito y tampoco tenía permiso de bomberos.

La resolución también amonestó a AAMPETRA por cobrar pensiones por fuera de los rangos establecidos y no presentar un presupuesto real. A pesar de que la multa debía pagarse inmediatamente, el rector lo hizo el 10 de mayo pasado, alegando que nunca se le notificó esta decisión. En otro oficio se señala que la escuela no tiene ninguna relación con las Fuerzas Armadas y por lo tanto, no puede brindar instrucción militar ni utilizar su nombre ni referirse a sus estudiantes como “cadetes”.

A este historial institucional, se suma el caso de abuso físico, psicológico y sexual al que fueron sometidos los 41 estudiantes de Sexto C. Sin embargo, AMMPETRA sigue en funcionamiento

Según Fabara, el cierre de una institución privada es la última sanción que puede aplicarse frente a incumplimientos reiterados. Pero advierte de las implicaciones de esta decisión, sobre todo, cuando se trata de una escuela en la que estudian, según él, cerca de 4 mil estudiantes.

La tarea pendiente

La violencia sexual está presente en los centros educativos de otros países de la región. Por eso, Unesco reclama “buenos datos para formular estrategias y evaluar su éxito a favor de la reducción de la violencia de género relacionada con la escuela”. En Colombia no existen cifras oficiales sobre la situación y en Ecuador son aún escasas. Perú es el único país de la región que monitorea la violencia en los centros educativos permanente. El sistema en línea SíSeVe.pe permite la denuncia, evita la recontratación de profesores sancionados, ofrece datos actualizados y desagregados sobre la violencia en los centros educativos, al igual que pautas de prevención y atención.

Proteger a niños, niñas y adolescentes debe ser una prioridad. En Quito, el Grupo Rescate Escolar, conformado por padres de familia, busca que las escuelas implementen sistemas integrales de prevención y que se promulgue una ley para prevenir la violencia escolar. Su fundadora, Sybel Martínez, explica que esta organización capacita a estudiantes, docentes y autoridades, y ofrece acompañamiento jurídico y psicológico a quienes sufren violencia.

“Sin agresor no hay víctima, sin víctima sí hay agresor”, comenta la psicóloga forense Pilar Chiriboga. Para ella, las autoridades estatales deben comprometerse con la prevención, aunque no rinda réditos inmediatos. Añade que las estrategias deben enfocarse también en los agresores y que la educación afectiva es la única forma de eliminar la violencia.

Lo que ocurre en los centros educativos ecuatorianos preocupa a varios organismos internacionales y otros países. En las observaciones publicadas a fines de 2016, el Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura instó a que se adopten medidas para prevenir y eliminar la violencia escolar. En mayo de 2017, como parte del Examen Periódico Universal (EPU) hecho a Ecuador, varios países recomendaron velar para que los delitos en los centros escolares sean investigados de manera eficaz e imparcial, que los autores sean llevados a la justicia y que las víctimas reciban protección, acompañamiento y reparación.

El caso AAMPETRA es emblemático en la región porque en esa escuela 41 niños y niñas sufrieron en silencio durante 11 meses. Aunque podría convertirse en ejemplo si, como considera la fiscal Mayra Soria, la institución asume que contrató una persona incompetente para ser profesor, falló en el control y cumple sin trabas con la reparación integral que se le exige.

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