Domingo, febrero 18, 2018
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El latacungueño Carlos Baca Mancheno se defendió pegándose tiros en la nuca

ECUADOR (O) | El fiscal Carlos Baca Mancheno hizo este miércoles 17 de enero un esfuerzo enérgico para negar las acusaciones que se le han hecho sobre un presunto caso de peculado que llevó a la fiscal subrogante Tania Moreno a iniciar una indagación previa en su contra.

Por: Martín Pallares

Tomado de 4 PELAGATOS.com (O)

Baca Mancheno basó su defensa en la afirmación de que el informe de Contraloría con responsabilidad penal en su contra, hecho público por el periodista de investigación Fernando Villavicencio y el político Andrés Paéz, es falso y no existe. Esta afirmación hizo varias veces y siempre refiriéndose a fuentes oficiales. Sin embargo, Baca nunca negó y ni siquiera se refirió a lo sustancial de la acusación: haber recibido un sueldo que no le estaba permitido recibir por ser parte de una comisión que Rafael Correa integró para hacer un informe del 30S.  ¿Recibió o no recibió esos 5 mil dólares mensuales que dice el supuesto informe? ¿La firma que está ahí es o no la suya?  Baca no dijo nada sobre eso. En su aparición, como ocurre desde que el correísmo impuso sus formas, no hubo preguntas sino solo la lectura de un comunicado, así que responder a esas interrogantes era imposible a no ser que él mismo hubiera querido hacerlo.

Según la denuncia publicada en el portal Mil Hojas, la Contraloría redactó en el 2016 un informe con responsabilidad penal en el que se cuestiona el irregular pago de un sueldo de 5 mil dólares mensuales con fondos de la Senain a Baca y a los otros dos miembros de la comisión que eran Óscar Bonilla y Diego Guzmán Espinosa.

Otra pata de su defensa se basó en que, según él, quienes están detrás de la publicación de ese documento, supuestamente redactada por la Contraloría, son poderosos y oscuros personajes, con fuero de Corte, que quieren impedir ser investigados por él. La tercera variante de su intervención fue la afirmación de que las acusaciones que se estaban haciendo no eran en contra de él sino de la Fiscalía y quienes trabajan ahí.

La aparición de Baca, sin embargo, tiene al menos tres problemas que hace que su defensa sea muy poco convincente.

El problema de la fuente

La fuente, según él, garantiza la credibilidad de su versión: la Contraloría del prófugo Carlos Pólit. Según Baca, cuando fue postulado para Fiscal ante al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ese organismo pidió a la Contraloría, a inicios del 2017, que certifique si los postulantes tenían informes con responsabilidad ya sea penal o administrativa y la respuesta fue negativa. “El 2 de enero del 2017 la Contraloría le contesta al CPCCS con un certificado que no habían ningún informe de responsabilidad penal o administrativa en mi contra”. ¿Cómo puede Baca pensar que lo que haya dicho la Contraloría en ese momento sea garantía de algo?

El Fiscal parece olvidar que quien ocupaba el cargo de Contralor era Carlos Pólit; parte esencial de un esquema que montó el correísmo para garantizar la impunidad durante el gobierno de Correa y luego de que hubiese dejado el poder. Que esa Contraloría haya certificado algo que beneficiaba al postulante para Fiscal, como era el caso de Baca auspiciado por el mismísimo Correa, no tiene mayor peso. En ese momento era evidente que todas las instituciones del Estado, entre esas el CPCCS y la misma Contraloría, estaban alineadas con el deseo de Correa de que Baca fuera el Fiscal. Es más fácil pensar que si había algún informe que lo perjudicaba, podía desaparecer de la noche a la mañana.

Recurrir a la Fiscalía de Carlos Pólit, entonces, no es algo que pueda probar absolutamente nada. Además, si es falso el informe, como apunta todo la documentación que sacó a relucir ayer ¿por qué no negó el contenido del supuesto documento? Baca no se refirió al documento.

También alegó que la actual Contraloría, dirigida por Pablo Celi, certificó hasta la saciedad que el informe presentado por Villavicencio y Páez no está en sus archivos y que el número que tiene corresponde a otra causa. Sin embargo, resulta perfectamente posible que en la época de su ahora archienemigo Carlos Pólit, en la Contraloría, se haya hecho desaparecer el informe. O alterar su numeración. Todo es posible, finalmente, cuando existe la orden de nombrar Fiscal a alguien que gozaba de la extrema confianza de quien en esa época se jactaba de ser el jefe de todos los poderes.

Como si fuera poco, Baca hizo referencia, para probar que ese informe nunca existió, a una declaración del ex fiscal Galo Chiriboga según la cual él jamás recibió dicho documento cuando estaba en funciones. ¿Galo Chiriboga como fuente? Nuevamente la validez del argumento del Fiscal se desploma por completo, esta vez por las credenciales de Chiriboga.

La falacia institucional

Baca Mancheno trató de convencer a la audiencia de que la acusación no es contra él sino en contra de la Fiscalía como institución. “No recibo esta acusación como algo personal, sino como ataque a la Fiscalía que ha demostrado con  hechos su decisión de luchar contra la corrupción y la impunidad”.  En este punto, evidentemente falta a la verdad. La acusación es directamente en su contra y no tiene nada que ver con la institución de la Fiscalía. Él fue integrante de la Comisión junto a otros dos rabiosos correístas como Diego Guzmán Espinosa y Óscar Bonilla, y si recibió dinero, que no estaba autorizado, es su responsabilidad y no de la Fiscalía como institución.

Para dar peso a este argumento, Baca salió acompañado de algunos funcionarios de la Fiscalía, entre los que estaba la fiscal Diana Salazar, quien fue la que impulsó el juicio al ex vicepresidente Jorge Glas. Exponer a Salazar es un intento por utilizar su buena imagen en su beneficio: es un abuso. Baca debe defenderse solo y sin exponer a los funcionarios de la Fiscalía. ¿Qué tal si la acusación termina siendo cierta? Salazar habría comprometido su prestigio; lo cual afectaría la credibilidad de la Fiscalía en vez de favorecerla.

La acusación sin respaldo

Baca se escuda tras supuestos fantasmas: dice que hay oscuros personajes tras la acusación pero ni aterriza su defensa ni da indicios de quiénes son esos supuestos personajes. Todo esto en vez de decir si recibió sueldos a los que legalmente no tenía derecho, según el decreto Ejecutivo que creó la comisión.

Según Baca, hay oscuros y poderosos personajes que quieren desestabilizarlo para guardar así su impunidad. Estos personajes, dijo, tienen fuero de Corte Nacional. Su afirmación hace pensar en funcionarios que han ocupado ministerios, la Presidencia de la Asamblea o incluso el propio ex presidente Rafael Correa. En resumen, él alude a un arreglo de cuentas del cual emerge la figura de Carlos Polit, aunque no lo citó. Aquí aparece el mismo problema arriba señalado. ¿Por qué no se refirió al contenido mismo del supuesto informe? ¿Por qué no afirmó que él jamás recibió sueldo por el trabajo en la Comisión que investigó el 30S?  Si aquello es cierto, entonces todo lo que dijo en su peculiar rueda de prensa queda en el vacío.

Carlos Baca Mancheno tiene una dificultad muy grave y es una que tiene que ver con el origen de su nombramiento. Fue elegido Fiscal porque ese era el deseo omnímodo de Rafael Correa, el mismo que hizo que Carlos Pólit haya sido reelecto tres veces y el mismo que hizo que el CPCCS haya sido integrado por personas que iban a cumplir hasta su último deseo, incluido el de poner las más altas calificaciones a él y a Carlos Pólit para que puedan ser elegidos.

La intervención de Baca pudo haber sido la más energética posible, pero ni su ensayado histrionismo ni sus exclamaciones líricas de limpieza, honorabilidad y transparencia sirven de mucho si atrás carga esa inmensa mancha en el origen de su nombramiento. Carlos Baca ahora insinúa que Correa o sus ex ministros están tratando de evitar que los investigue, pero siempre será imposible creerle completamente, aún si sus actos lo ayudan, de que no tiene algún conflicto de interés.

Con explicaciones como las que hizo Baca Mancheno muy difícil creerle. Si tan solo hubiera demostrado que jamás recibió ese sueldo al que no tenía derecho, pero no lo hizo.

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