Cotopaxenses entre los infantes explotados en Quito
COTOPAXI (I) | El impacto de las organizaciones dedicadas a la trata de niños con fines de explotación laboral se redujo en los últimos tres años. Sin embargo, en el 2016 y en lo que va de este año se han presentado “casos que preocupan” a la Policía de menores (Dinapen). Esto debido a que se ha identificado a bandas que incluso se llevan a los niños a otros países para explotarlos laboralmente. Ese es el caso de tres menores que viajaron a Chile el año pasado, según informó Ivonne Daza, jefa de la institución, a El Comercio.
Por: Redacción www.Cotopaxinoticias.com (I)
Latacunga (Cotopaxi). A mediados del 2016, la presidenta del Patronato San José y esposa del alcalde Mauricio Rodas, María Fernanda Pacheco, convocó en la capital a los alcaldes del centro y norte del país. La razón: un estudio reveló que la mayor cantidad de niños que trabajan prematuramente en las calles de Quito proviene de fuera, especialmente de Cotopaxi, Chimborazo e Imbabura.
Ese estudio también mostró que los infantes que trabajan en la calle no solo pierden sus derechos a tener educación formal, familia, seguridad y otros, sino que se vuelven vulnerables a caer en las redes de la delincuencia, microtráfico de drogas, prostitución y otros delitos.
De hecho, en las comunidades indígenas de Cotopaxi es constante la queja de que sus jóvenes han emigrado a las “grandes ciudades” y “han regresado con mañas”. Esto se escucha especialmente cuando se dan los ajusticiamientos ancestrales a quienes se les encuentra robando o cometiendo otro ilícito.
Pacheco se propuso entonces involucrar a los alcaldes de las provincias vecinas para evitar que más niños abandonen su educación escolar y emigren hacia la capital a trabajar en la calle. En el último trimestre del 2016 se efectuó en Latacunga una reunión de coordinación entre funcionarios quiteños y latacungueños, pero hasta el momento no han informado de acciones concretas.
En esa reunión se reiteró que aunque la mayoría de niños trabaja prematuramente por ayudar a sus familias, hay infantes que lo hacen obligados por adultos, que generalmente son sus propios familiares.
Aquello se evidencia en lo que El Comercio publicó el lunes. 17 menores fueron recuperados de las calles de la capital en enero y están en una casa de acogida. Por las mañanas estudian y en las tardes juegan. Se acuestan temprano y comen tres veces por día, lo que antes no sucedía. Equipos de psicólogos y médicos están pendientes de su salud.
Hasta hace un mes sus vidas eras distintas. Trabajaban más de 12 horas en las calles. El dinero que ganaban por vender golosinas y confites lo entregaban a sus padres y tíos. Ellos les daban la mercadería en esquinas del norte de Quito. Luego debían ir a las afueras de centros comerciales, semáforos o a las paradas de buses. Allí ofertaban los productos. Así vivieron por cerca de un año, hasta que la Dinapen los rescató el 28 de enero.
Ese día, los agentes montaron un operativo en los barrios de Quito: Iessfut (sur), Iñaquito, Comité del Pueblo y Calderón (norte). En esos lugares allanaron seis viviendas y detuvieron a ocho personas.
Las investigaciones señalaron que se trataba de una banda dedicada a la trata de niños con fines de explotación laboral. En el país este delito es sancionado con penas que van de 13 a 16 años de cárcel.
En el art. 92 del Código Penal se establece que el castigo puede aumentar a 19 años si entre la víctima y el agresor existe una relación familiar. Incluso la pena se puede incrementar hasta 22 años de cárcel si el afectado, producto de la trata, sufre “enfermedades, daños psicológicos o físicos graves o de carácter irreversible”.
Pese a aquello los delincuentes se las ingenian y han logrado incluso sacar a los menores al extranjero. Agentes que investigaron el caso de los tres menores que viajaron a Chile el año pasado relataron a El Comercio cómo los extranjeros engañaban a las familias para llevarse a los adolescentes.
“Les prometían pagarles USD 150 al mes por el trabajo de sus hijos. Pero el pacto era que el dinero les depositaban cuando los menores cumplan un año de trabajo”, dicen los policías. Si las personas aceptaban, los extranjeros tramitaban los documentos.
Entre esos documentos, se gestionaba una carta de autorización para que los chicos salgan del país legalmente con los desconocidos. En ese documento, los padres afirmaban que bajo ninguna presión entregaban el consentimiento. Además, ellos decían que los menores viajaban a esa nación por motivos de turismo. Cuando llegaban a Chille, los adolescentes eran llevados a zonas rurales.
Allí les obligaban a vender artesanías, pero les advertían que antes de ganar dinero debían devengar el pasaje aéreo, los costos de comida, transporte y vivienda. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha investigado este tipo de hechos y advierte que en Ecuador la trata de personas es “usual”. De hecho, revelan que los menores y las mujeres son las víctimas más frecuentes de las redes delictivas.
Eso lo corrobora el Reporte Global de Trata de Personas 2016 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). En el informe se detalla que el 79% de las víctimas son niños, niñas, adolescentes y mujeres. Otro informe de la Policía ecuatoriana, al que accedió El Comercio, señala que las bandas, además de explotar a los menores laboralmente, los utilizan para perpetrar delitos como la venta de drogas, robos a personas, a domicilios y de accesorios de vehículos.
En el mismo documento se detalla que los niños explotados laboralmente “en su gran mayoría” son de Otavalo (Imbabura), Loja, Chimborazo, Cotopaxi, Guayas y Pichincha. Las oficinas de Naciones Unidas en otros países también han reportado la presencia de menores ecuatorianos bajo explotación laboral. Por ejemplo, el pasado 13 de enero se conoció desde Colombia que niños indígenas de Ecuador mendigan en las calles de Cali.
Según el reporte internacional, los menores son víctimas de redes de trata que también manejan el negocio sexual de mujeres. La Dinapen no tiene reportes de esto, pero advierte que los menores cruzan las fronteras de forma irregular evadiendo los controles migratorios. Eso ocurre tanto en la frontera norte como en la sur. Fundaciones que trabajan en Loja han detectado que niños cruzan a Perú para trabajar.
Para evitar esto, la Dinapen ha creado programas de prevención. El año pasado realizó 2.103 operativos. En estos recorren las calles e identifican a los padres de los menores. Los policías les indican que el trabajo infantil está prohibido y que es penado. Fundaciones como Alas de Colibrí también tienen programas. Ellos visitan poblaciones consideradas vulnerables y dan charlas a las familias de los riesgos que pueden tener los niños.
Las Naciones Unidas también han advertido que las redes de trata buscan a sus víctimas a través de redes sociales. Les ofrecen empleos bien remunerados lejos de las familias. Según los agentes, las menores son captadas con falsos empleos como modelos o personal de agencias de viaje.