Lunes, abril 23, 2018
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Contraloría aceptó pedido de 2 concejales para auditar contrato de paso deprimido en San Felipe

LATACUNGA URBANA (I) | El concejal de Latacunga Manuel Cocha y el vicealcalde Oscar Culqui informaron este viernes, 12 de enero de 2018, que la Contraloría General del Estado les notificó el 27 de diciembre la aceptación de su pedido para auditar durante tres meses la adjudicación del contrato por parte del Municipio al Consorcio 5 de Junio para la construcción del paso deprimido en el sector El Molinero del barrio San Felipe (foto/archivo).

Por: Redacción Cotopaxinoticias.com (I)

Latacunga (Cotopaxi). Cocha explicó que el pedido de auditoría se basó en un informe del Servicio de Contratación de Obras Públicas (Sercop) que recomendó declarar desierto el concurso de licitación al haber detectado siete “inconsistencias” legales.

Manuel Cocha y Oscar Culqui. Foto: Cotopaxi Noticias

Según Cocha, esas inconsistencias observadas por el Sercop eran insubsanables porque -de acuerdo a esa institución- violentaban los principios de legalidad, trato justo, oportunidad, igualdad, transparencia, concurrencia, publicidad y participación nacional.

Detalló que el Sercop estableció que durante la licitación se planteó al resto de los oferentes preguntas diferentes a las que constaban en el reglamento.

Para Cocha, el contrato fue direccionado a favor del Consorcio 5 de Junio discriminando a los otros interesados y aquello se evidencia -según afirmó- en la celeridad con la que se actuó para la adjudicación.

A su criterio, el Municipio debió haber acogido la recomendación del Sercop y convocado a un nuevo concurso de licitación.

Señaló que de comprobarse las presuntas irregularidades, la Contraloría podría establecer sanciones para quien firmó el contrato a nombre del Municipio, para la comisión técnica que calificó las ofertas y para el contratista.

 

Culqui dijo que mientras se realiza la auditoría la obra continuará, pero que al final de ese examen podría paralizarse dependiendo de lo que se establezca en el informe de la Contraloría. “Esto (la auditoría) es para transparentar la obra (…) Como concejales estamos detectando que hay posibles irregularidades”, manifestó.

 

El alcalde Patricio Sánchez respondió que durante la licitación el Municipio acogió la recomendación del Sercop y revisó el proceso, pero que no realizó correcciones “porque no había nada que corregir, todo estaba bien” y que fue esa propia institución estatal la que dio paso a la firma del contrato.

Patricio Sánchez. Foto: Cotopaxi Noticias

El Alcalde felicitó el pedido de auditoría, manifestó que el año anterior también la habían pedido el dirigente del colectivo ciudadano El Molinero Alberto Salvador y la concejala Rafaela Holguín con el apoyo de otros ediles y solicitó a la Contraloría que acelere los exámenes.

Los argumentos de Cocha coinciden con los del colectivo El Molinero.

Según Sánchez, los pedidos de auditoría obedecen a que este año es preelectoral con miras a las elecciones seccionales de febrero de 2019. “Es el mismo dúo dinámico que quería removerme del cargo (…) La contraloría ya entregó los borradores de las auditorías respecto a la construcción de los puentes Galo Torres y Marques de Maenza y no encontró nada irregular”, señaló. Culqui dijo que “no se trata de revanchismos”.

 

Mientras tanto, moradores de San Felipe e integrantes del colectivo El Molinero llegaron la mañana de este viernes a la Vicealcaldía para denunciar que el Municipio y el contratista no han cumplido las medidas que dispuso un juez en septiembre para que la construcción del paso deprimido no afecte a la salud de los pobladores, no ponga en riesgo su vida y no altere el medio ambiente.

Los moradores aseguraron que la obra tiene retrasos y que teme que demore más de lo previsto. Piden que se trabaje las 24 horas. También aducen que persiste el caos vehicular en la vía de Pichul (por donde se está desviando el tráfico), que las vendedoras de comida típica han sido reubicadas en un sitio que no reúne las condiciones sanitarias y que el desvío de vehículos ha ocasionado el cierre de algunos negocios.

Los moradores que se acercaron a la Vicealcaldía piden que el Municipio suspenda la obra, se la replanifique y se al retome.

 

El juez encargó a la Defensoría del Pueblo que emita informes mensuales del cumplimiento de las nueve disposiciones que estableció para el municipio y el contratista.

“Aquí veo un informe de la Defensoría del Pueblo y dice que sí cumplimos”, dijo el Alcalde este viernes mostrando una nota de prensa de Diario La Gaceta publicada este viernes. Aseguró que la obra tienen un avance del 35%.

En esa nota y en declaraciones emitidas por Radio Latacunga (audio) la tarde de este viernes, la delegada provincial de la Defensoría del Pueblo, María Belén Bedón, informa que ha emitido los informes de los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre y evidencia que las disposiciones del juez se han cumplido parcialmente.

La Defensora señala que falta mejorar la señalética que advierta el peligro en los alrededores de la obra, que es el Municipio y no el contratista el que está regando agua en la vía de Pichul para evitar el polvo y que el riego solamente se efectúa de 08:00 a 08:30 y de 11:00 a 11:30, que no se ha dado información adecuada a los ciudadanos sobre las cuatro vías alternas, que ha constatado que el nuevo sitio para la venta de comida típica cuenta con electricidad y agua, que ha evidenciado que el Patronato Municipal atiende a personas que sufren enfermedades catastróficas y otros grupos vulnerables (para prevenir enfermedades respiratorias por el polvo), que aunque no ha existido nuevos cortes de agua potable, el caudal no bastece la demanda y que falta mayor presencia de la Policía Nacional frente a la escuela Ana Páez (para prevenir accidentes de tránsito) especialmente en las horas pico (de ingreso y salida de clases).

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