Martes, mayo 23, 2017
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Alcaldes de la zona centro se solidarizan con Patricio Sánchez

LATACUNGA (I) | La asamblea de la Regional 3 de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME) se reunió este jueves, 9 de febrero de 2016, en Pujilí para elegir a su directorio y resolvió además solidarizarse con el alcalde de Latacunga, Patricio Sánchez.

Por: Redacción Cotopaxinoticias.com (I)

Latacunga (Cotopaxi). Esto ante los rumores de que la jueza Alzira Benítez dispuso al Concejo Municipal que en un plazo de 90 días remueva al Alcalde de Latacunga por supuestamente haber violentado la prohibición del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad) al haber autorizado el asentamiento de la urbanización San Nicolás (de Byron Cárdenas) en zona de riesgo de lahares del volcán Cotopaxi.

Sin embargo, en la resolución judicial que fue notificada oficialmente, por escrito, este jueves, la jueza se basa en el artículo 20 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y dispone que ante el desconocimiento de quién es el funcionario responsable que dio la autorización para la urbanización, sea el Concejo el que investigue la identidad de esa persona y la sancione. Es decir, en ningún momento señala la remoción expresa de Patricio Sánchez.

El dictamen se dio luego que la jueza aceptó una acción de protección judicial solicitada por Carlos Jaramillo, propietario de uno de los lotes de terreno y además Registrador de la Propiedad de este cantón, quien mantiene impases con Sánchez y que ganó el concurso de méritos y oposición en la administración del entonces alcalde Rodrigo Espín, a pocos días de que el actual Burgomaestre se posesione.

La jueza también ordenó que el Municipio debe reubicar a los habitantes de la urbanización en zona segura, en las mismas condiciones y en igual superficie del actual sector de residencia.

Sánchez se defendió el miércoles en rueda de prensa, acompañado de su abogado particular, Carlos Poveda, del procurador síndico, Límber Torres, del presidente de las juntas parroquiales de la provincia, Gonzalo Espín, y de los concejales, a excepción de Rafaela Holguín y Gabriel García Moreno.

El Alcalde afirmó que la autorización para el asentamiento de San Nicolás no se dio en su administración sino entre los años 2011 y 2013 (periodo de Rodrigo Espín) y que lo que él autorizó fue el levantamiento de una hipoteca que existía sobre esa urbanización. “Son dos situaciones distintas”, aseveró.

Sostiene que, además, no existe el dinero para reubicar a los habitantes y tampoco una norma legal que faculte invertir dinero público en beneficio de particulares. Recordó que el 65% de los moradores reside en zona de riesgo. Especificó que 10.000 viviendas están en las riberas del río Cutuchi, principal cauce por donde descenderían los lahares.

Además, el abogado Carlos Poveda explicó que la resolución de la jueza será apelada ante Corte Provincial de Justicia.

Poveda recordó que en meses anteriores se presentó una acción de protección similar (por un dueño de otra urbanización) y que el juez que conoció el caso la rechazó.

Sánchez recordó este jueves, en la reunión de los alcaldes, que ha enfrentado varios intentos de querer destituirlo o removerlo del cargo y señaló que al no lograrlo han intentado en las últimas veces conseguirlo a través de la vía judicial. Insistió en que el respaldo de la AME Regional se lo exprese por escrito.

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